- ¡Cazarinaaaazoooo en el Congreso!: le quitan dinero a partidos.
Chente Fox debería inscribirse en el programa de 68 y más o pedir una tanda del Bienestar.
–Chopenjawer
Desde los tiempos del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), ya se militarizaba la policía civil cuando creó la Policía Federal Preventiva al final de su sexenio, “tripulando” a la prestigiada Policía Federal de Caminos y sumando a varios elementos de las fuerzas armadas a la nueva corporación.
En Veracruz, desde los tiempos de Agustín Acosta Lagunes como gobernador (1980 a 1986), se dieron los primeros mandos militares en la entonces Dirección General de Seguridad Pública del Estado (antecedente de la actual SSP) con el general Luis de la Barrera Moreno y el general Luis Torres Arce.
Desde que se recuerde, mucho ha tenido qué ver la participación de las fuerzas armadas (especialmente el Ejército) en operaciones especiales relativos a la delincuencia organizada. Por ejemplo, fue el Ejército y no la policía, con quien la DEA (Drug Enforcement Administration) desmanteló el famoso rancho “El Búfalo” del narcotraficante Rafael Caro Quintero, en 1984.
Más recientemente, quien ya de plano sacó al Ejército y a la Marina a la calle fue el presidente Felipe Calderón, en una polémica estrategia que se desencadenó una ola de violencia inusitada y sangrienta. Fue precisamente la guerra contra el narco.
Durante todos esos años, había una preocupación por el hecho de que las fuerzas armadas no tenían un respaldo o figura legal que los protegiera al estar realizando tareas de seguridad pública como policías preventivos. En Veracruz, por ejemplo, se recordará que a los marinos se les convirtió en Policías Navales, aunque tenían un distintivo aclarando que eran efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) en apoyo a tareas de la Secretaría de Seguridad Pública. Posteriormente, lo de “navales” se fue diluyendo, pues se veían a elementos que no tenían el mismo porte.
En ese entonces, el gobernador Javier Duarte de Ochoa presumía lo que había sido una operación política de alto nivel para que la Secretaría de Marina apoyara en las tareas de seguridad en Veracruz, y nunca dejaba de agradecerle al almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza, titular de la Semar.
Esa guerra contra el narco le costó al PAN la Presidencia de la República, pues la violencia escaló como nunca se había visto antes. Esa misma se fue desencadenando durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por la lucha de plazas y reacomodos de grupos delincuenciales, pero tampoco regresaron las fuerzas armadas a los cuarteles.
Fue precisamente la administración del mexiquense la que creó otro cuerpo policiaco al que trató de hacer civil: la Gendarmería Nacional, modelo sería similar a las de Francia y Chile. De igual manera, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública creada durante los gobiernos panistas y la convirtió en Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Con esto, Miguel Ángel Osorio Chong –como titular de la Segob– se convertiría en el funcionario más poderoso del Peñismo.
Durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares (uno de los amigos más cercanos de Osorio Chong) la corporación que quiso realzar en Veracruz como su nueva aliada de seguridad fue la Policía Militar; algo extraño porque dicho cuerpo no estaba identificado con tareas de seguridad pública, sino más bien para cuidar instalaciones del Ejército.
Pero a pesar de que la Gendarmería tenía un buen prestigio y se veía como un cuerpo de élite separado al de la Policía Federal, la corporación duró solamente el sexenio de Peña Nieto porque fue integrada a la Guardia Nacional que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador, creada por decreto el 26 de marzo de 2019 y prácticamente absorbiendo todas las corporaciones policiacas.
No obstante, habrá que decir que la Guardia Nacional fue integrada en su mayoría por elementos de las fuerzas armadas.
“Tras su creación, la Guardia Nacional en un principio fue híbrida, ya que su entrenamiento y disciplina estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) y su mando en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Adicional al proceso de reclutamiento civil, su conformación estuvo integrada por policías militares, navales y federales, absorbiendo dichas corporaciones”, dice Wikipedia.
¿Y a qué vamos con todo este chorizo? Bueno: que este 11 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo donde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador legitima la presencia de las fuerzas armadas en las calles (que insistimos, ya estaban), contrario a la política de que se regresarían a los cuarteles.
De hecho, una tarjeta informativa que circuló entre altos funcionarios federales y estatales (del cual este columnista tiene una copia) indica en uno de sus párrafos que “El Acuerdo es necesario en la medida en que el Ejército operaba sin un marco jurídico que le diera certeza a sus acciones. Este documento atiende diversas resoluciones jurisdiccionales (nacionales e internacionales) encaminadas a precisar el alcance de su intervención en tareas de seguridad pública bajo principios democráticos, temporales y de apego irrestricto a los derechos humanos”.
En otro párrafo, puntualiza: “El Acuerdo no implica darle más atribuciones al Ejército en materia de Seguridad Pública; limita las facultades exactamente a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que autoriza su participación en materia de seguridad pública en términos generales”.
Una de las banderas constantes de López Obrador fue estar en contra de la militarización del país, a la cual se sumaron miles, quizás millones de simpatizantes. La promesa era regresar a las fuerzas armadas a los cuarteles.
Pero ya instalado como presidente, quizás le cayó el veinte de lo importante que es la policía y las fuerzas armadas. Que no todo es paz y amor (y abrazos) y que definitivamente ningún malandro piensa en su mamacita a la hora de hacer maldades. El caso de Ovidio, en Culiacán, fue el más claro para que se sepan con qué están lidiando; otro ejemplo fue la desaparición del Estado Mayor Presidencial, cuando ahora se sabe que nuevamente el Ejército se ha hecho cargo (muy discretamente) de la seguridad del mandatario.
López Obrador quizás ve que la Guardia Nacional no ha cuajado como proyecto, pues desde un inicio hubo resistencia (especialmente de elementos de la Policía Federal) para unirse a la nueva corporación. No por nada, la gran parte de los elementos de Guardia Nacional que se han visto por el país son elementos de las fuerzas armadas, con su distintivo al hombro con las siglas GN: Guardia Nacional.
Aunque no se puede hablar de un fracaso de la Guardia Nacional como tal, hay voces en el sentido de que el presidente más bien prefirió “acuerpar” o legitimar la presencia de las fuerzas armadas que ya estaban en las calles, especialmente por lo que viene en el futuro: una situación de caos extraordinaria derivada del confinamiento por el coronavirus.
Nadie esperaba una pandemia y mucho menos los escenarios críticos como la pérdida de empleos y una crisis económica que indudablemente puede generar inseguridad e inestabilidad en algunas partes del país.
Quizás AMLO lo que está previendo son los saqueos masivos a comercios, robos, asaltos, etc., todo lo que pueda generarse a partir del hambre y la desesperación, donde la Guardia Nacional definitivamente no se dará a abasto.
Otra razón por la que tal vez legalizan la presencia de fuerzas armadas en las calles: en muchas ciudades podrían llegar a aplicar “toque de queda” y no habrá de otra: la gente no entiende y siguen armando hasta fiestas con música de banda o música norteña en plena pandemia, llegando incluso a golpear a autoridades cuando les quieren cancelar.
Sí, el riesgo de lo anterior es que finalmente los críticos de AMLO aprovecharán la situación para decir que estos son los primeros pasos para un autoritarismo vía las fuerzas armadas.
Es chistoso, pero hace unos años, gente como el propagandista ultra-lopezobradorista John Ackerman criticaban la militarización del país, pero en este caso hacen mutis. En el otro extremo, los que parecen chairos muy recalcitrantes en los mejores tiempos del aspirante presidencial tabasqueño, son los críticos de la 4T.
Por donde se le vea, el Ejército y los Marinos nunca se fueron de las calles. Estaban ahí, quizás en un limbo legal que los mantenía desprotegidos, pero para cualquier político actual (como ya están aprendiendo en la Cuarta Transformeishion) prescindir de las fuerzas armadas, por mucho odio sesentero que le tengan, es un grave error.
LA ÚNICA NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI DE HOY: ¡Cazarinaaaaaaazoooooooo!… Nuevamente se vio la buena operación política y el Congreso de Veracruz aprobó por 34 votos la reducción de prerrogativas a partidos políticos en un 50%. Lo anterior causó reacciones diversas en los partidos de oposición, cuando se enteraron que hubo diputados de sus siglas que votaron a favor del proyecto de MORENA. En el caso del PAN, a Rodrigo García Escalante ya no lo bajan de “traidor”, pero la verdad es que los mismos panistas pecan de ingenuos como si no supieran cómo en los últimos años esta familia se ha mantenido en el poder: hasta al mismo Yunes Linares le vieron la cara… Quizás la reacción más iracunda fue la del PRI, pues ya están viendo lo de la expulsión de Don Antonio García, líder cenecista, que prefirió votar libre. Y es por este tipo de acciones que el PRI también perdió el poder… El diputado Alexis Sánchez García, de Movimiento Ciudadano, a lo mejor ya tiene indicaciones desde la cúpula (entiéndase, Dante Delgado) para que le haga ojitos coquetos a MORENA… Otros que se sumaron a favor fueron la diputada del PVEM, Andrea Yunes; María Candelas Francisco Doce y Gonzalo Guízar Valladares, del extinto Partido Encuentro Social; y también ayudó la abstención de Brianda Kristel Hernández Topete, del PRD, esposa del alcalde de Santiago Tuxtla y nuera de Jazmín Copete Zapot, de las huestes fuertes del perredismo en la zona de los Tuxtlas, donde tiene también fuerte influencia Cazarín y, poco a poco, MORENA.